IOMA, bajo presión: deudas, cortes y falta de cobertura ponen a Kicillof frente a una crisis fuera de control

Afiliados que pierden cobertura, médicos que dejan de atender porque consideran insuficientes los aranceles, interrupciones de prestaciones, reclamos de hospitales y clínicas por deudas y dificultades para acceder a medicamentos de alto costo componen un escenario cada vez más conflictivo alrededor del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la obra social de la provincia de Buenos Aires.

Los problemas no son nuevos, pero se multiplicaron en diferentes puntos del territorio y comenzaron a trasladar el costo político directamente hacia la administración de Axel Kicillof. La Legislatura bonaerense acumula pedidos de informes y reclamos opositores, mientras intendentes, sindicatos, profesionales e instituciones sanitarias advierten sobre inconvenientes para sostener prestaciones.

La tensión promete escalar durante la semana del 24 al 28 de agosto, cuando el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, concurra al Senado provincial. Formalmente llegará para defender dos proyectos sanitarios impulsados por el Ejecutivo, pero UCR, PRO y La Libertad Avanza preparan una discusión mucho más incómoda: quieren convertir la visita en una interpelación política sobre el funcionamiento de IOMA.

El instituto es uno de los principales actores sanitarios del país. Tiene alrededor de 2,5 millones de beneficiarios, entre trabajadores provinciales y sus grupos familiares, policías, docentes, personal judicial, jubilados del Instituto de Previsión Social, empleados municipales y afiliados voluntarios.

Su dimensión vuelve particularmente sensible cualquier deterioro en las prestaciones. No se trata de una obra social marginal sino de una estructura que condiciona el acceso a la salud de una porción importante de la población bonaerense.

Para 2026 tiene asignado un presupuesto de $2.422.114.040.000, casi $2,5 billones. Desde el propio organismo sostienen que alrededor del 95% se destina al pago de prestaciones, medicamentos y servicios y que el gasto termina ampliándose por la evolución de los costos sanitarios.

Ese volumen de recursos es justamente uno de los puntos que alimenta la ofensiva opositora. El cuestionamiento no se centra únicamente en cuánto dinero recibe el instituto, sino en por qué, pese a contar con semejante presupuesto y con aportes obligatorios de sus afiliados, persisten dificultades para garantizar prestaciones en diferentes zonas de la Provincia.

Los trabajadores estatales aportan obligatoriamente el 4,8% de su salario mensual al IOMA. Los aproximadamente 285.000 jubilados provinciales alcanzados por el IPS destinan el 4,5%.

Aun así, los afiliados deben afrontar copagos para diferentes consultas. Según fuentes sanitarias, el instituto reconoce actualmente entre $8.900 y $15.200 por una visita médica clínica y el paciente debe adquirir además un bono de entre $5.500 y $7.000, según la categoría del profesional. Esos valores rigen desde mayo y distintas asociaciones médicas reclaman actualizaciones.

Ese desfasaje aparece como uno de los factores detrás de una cartilla que se vuelve cada vez más difícil de sostener en algunas especialidades y localidades.

Deudas millonarias y prestaciones que empiezan a cortarse

Los conflictos se extienden por distintos niveles del sistema sanitario.

Uno de los reclamos de mayor volumen llegó desde el Hospital Garrahan, que informó una deuda de $8.278 millones vinculada con la atención y derivación de más de 44.000 chicos afiliados al IOMA durante 2025 y 2026.

La Provincia informó pagos por alrededor de $1.200 millones, aunque desde la institución sanitaria sostienen que esa cifra representa apenas una parte del capital reclamado.

También la Agremiación Médica Platense mantiene una disputa con la obra social. Según la entidad, la deuda consolidada llegaba a $900 millones a junio, de los cuales unos $500 millones correspondían a prestaciones clínicas realizadas durante el primer trimestre de 2026. Desde IOMA, en cambio, aseguran que los pagos se encuentran actualizados.

La contradicción entre las versiones oficiales y las de los prestadores se repite en distintos puntos de la Provincia.

En Trenque Lauquen, el servicio de Hemodinamia interrumpió prácticas programadas por una deuda que, según sus responsables, supera los $300 millones. Los prestadores afirmaron incluso que se incorporaron de manera directa al sistema de IOMA para evitar intermediaciones y demoras, pero que aun así no consiguieron normalizar los pagos.

“En Trenquecardiohemo SRL trabajan más de 15 empleados, por lo cual son 15 familias que dependen de sus ingresos laborales que se sustentan con el cobro de las prácticas a distintas coberturas sociales de los pacientes”, explicó Carlos Miguel Hernández, responsable de la institución.

También establecimientos dedicados a salud mental y discapacidad, entre ellos el Centro de Día Cántaros de Villa Elisa, denunciaron que los pagos parciales no alcanzan para sostener las prestaciones destinadas a personas con discapacidad y adultos mayores.

Desde IOMA rechazan que exista una interrupción generalizada de los pagos.

“La cadena de pagos no está interrumpida”, sostienen en el organismo. Como argumento señalan que en junio se giraron $4.300 millones, frente a $4.200 millones durante mayo, y vinculan buena parte de las dificultades financieras con las condiciones macroeconómicas y con el retiro de recursos nacionales del sistema sanitario.

Es la explicación que también sostiene Kreplak.

El ministro respaldó públicamente la conducción del instituto y atribuyó buena parte de las críticas a una ofensiva política de la oposición. Su interpretación es que la crisis del sistema sanitario está condicionada por el “ajuste y desfinanciamiento” aplicado por el Gobierno nacional.

La oposición considera insuficiente esa respuesta y apunta a una contradicción que busca instalar en el centro del debate: IOMA recauda aportes obligatorios de sus afiliados, administra un presupuesto multimillonario y, sin embargo, enfrenta reclamos recurrentes por falta de cobertura, pagos atrasados y valores que los prestadores consideran insuficientes.

Kicillof, además, sostuvo durante sus seis años de gestión a Homero Giles al frente de la obra social. El médico llegó al cargo impulsado por Kreplak y mantiene vínculos políticos con La Cámpora. La continuidad de Giles convierte al funcionamiento del instituto en una responsabilidad difícil de separar de las decisiones del propio Ejecutivo provincial.

La crisis empieza a golpear a los municipios

El conflicto comenzó a adquirir otra dimensión cuando las dificultades de IOMA dejaron de afectar exclusivamente a afiliados y prestadores privados y comenzaron a impactar sobre hospitales municipales.

Ese es el argumento que llevó el diputado provincial Fernando Rovello, del PRO, a impulsar un proyecto para reclamar información sobre las deudas que la obra social mantiene con efectores comunales y prestadores.

El problema resulta particularmente sensible en los municipios del interior, donde los hospitales municipales ocupan un lugar central en la atención sanitaria y las administraciones locales deben financiar buena parte de su funcionamiento.

Cuando IOMA demora pagos o reconoce aranceles inferiores al costo efectivo de una práctica, según plantea la oposición, la diferencia termina siendo absorbida por las propias comunas.

“Hace años que el IOMA viene en evidente derrumbe, pero esa caída se sigue acrecentando y parece no tener fin. Ahora, la crisis financiera comienza a generar una creciente preocupación entre los intendentes bonaerenses por el impacto que tiene sobre los hospitales municipales”, cuestionó Rovello.

Según el legislador, el problema ya excede la discusión interna de la obra social porque compromete recursos que los municipios necesitan para sostener sus sistemas sanitarios.

“Resulta sorprendente la negativa del gobernador Axel Kicillof de, por lo menos, reconocer que estamos frente a una situación extraordinaria y explicar cómo piensa revertirlo”, agregó.

El Senado también comenzó a involucrarse. Marcelo Leguizamón, del espacio Hechos, reclamó que Kreplak concurra a la Legislatura para explicar el funcionamiento del instituto.

“Hay afiliados que esperan meses para ser atendidos. Acá no hay una campaña política de la oposición. El problema de IOMA no es falta de recursos o el número de afiliados: es la pésima gestión que recauda como una prepaga, pero a veces no garantiza ni las prestaciones básicas”, cuestionó.

Las organizaciones sindicales también sumaron reclamos.

La seccional de la Unión de Empleados de la Justicia correspondiente a la Justicia bonaerense presentó una denuncia ante el IOMA por las dificultades que atraviesan sus afiliados para conseguir atención médica, principalmente en Mar del Plata. Entre los problemas enumeraron obstáculos para acceder a consultas, estudios, internaciones, cirugías y prestaciones de mediana y alta complejidad.

A esos conflictos se suman las protestas de acompañantes terapéuticos frente a la sede central del instituto en La Plata.

En ese punto, IOMA introduce otra explicación: atribuye una parte de los costos a la proliferación de amparos judiciales que considera injustificados. Según datos difundidos por el organismo, durante este año los acompañantes terapéuticos atendieron a unos 7.700 afiliados y generaron una facturación cercana a $4.300 millones vinculada con prestaciones ordenadas judicialmente.

Desde el instituto hablan directamente de una “industria del juicio” y sostienen que muchos procesos se iniciaron sin completar previamente el trámite administrativo ni contar con un rechazo formal del organismo.

Según esa misma versión, 387 acompañantes que prestaron servicios a alrededor de 400 afiliados habrían llegado a facturar en conjunto unos $1.120 millones mensuales.

El problema es que mientras IOMA responsabiliza sucesivamente al ajuste nacional, a los valores del sistema sanitario y a la judicialización, la cantidad de reclamos sobre las prestaciones continúa creciendo.

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Kreplak irá al Senado y la oposición prepara el interrogatorio

La próxima visita de Kreplak a la Legislatura aparece así en un momento especialmente incómodo.

El ministro concurrirá a la comisión de Salud del Senado, presidida por el legislador oficialista Pedro Borgini, para defender dos proyectos enviados por Kicillof. Ambas iniciativas habían ingresado originalmente en 2024, perdieron estado parlamentario en diciembre de 2025 y fueron presentadas nuevamente este año.

Pero la oposición pretende que la reunión no quede circunscripta a esas iniciativas.

UCR, PRO y La Libertad Avanza ya anticiparon que buscarán llevar la discusión hacia IOMA y plantear los problemas de cobertura, las deudas con prestadores, las dificultades denunciadas por municipios y las condiciones de acceso a determinados tratamientos.

El movimiento puede transformar una reunión diseñada por el oficialismo para impulsar la agenda sanitaria del gobernador en una sesión de explicaciones sobre uno de los organismos más cuestionados de su administración.

La defensa provincial ya está planteada: Kreplak y Giles sostienen que existe una utilización política del conflicto y que el deterioro general del sistema sanitario está íntimamente relacionado con el ajuste del Gobierno nacional.

Pero ese argumento enfrenta un límite.

IOMA es una obra social provincial, sus autoridades son designadas por la administración bonaerense, recauda aportes obligatorios de millones de afiliados y dispone este año de más de $2,4 billones. Por eso, aun cuando las condiciones macroeconómicas nacionales puedan afectar los costos del sistema, la discusión sobre las prestaciones, los atrasos, los convenios y el manejo de los recursos difícilmente pueda trasladarse completamente fuera de La Plata.

Después de seis años con Giles al frente del instituto y Kreplak como uno de sus principales respaldos políticos, el deterioro de la relación con prestadores y afiliados empieza a transformarse en un problema directamente asociado a la gestión de Kicillof.

La próxima discusión en el Senado mostrará hasta dónde llega ese desgaste. El gobernador sostiene a las autoridades y el Ministerio de Salud insiste en denunciar una ofensiva opositora. Del otro lado, médicos, instituciones, sindicatos, intendentes y legisladores siguen acumulando reclamos.

Y en el medio quedan los 2,5 millones de afiliados que todos los meses aportan obligatoriamente al sistema y que, ante cada prestación que se demora, cada médico que deja de atender o cada servicio que se interrumpe, vuelven a hacerse la misma pregunta: qué está pasando con IOMA y por qué la Provincia todavía no consigue normalizarlo.