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¿Puede una administración prohibirte comprar una segunda vivienda? Lo que dice la nueva ley europea

InmoPlus Conecta · 15 Sep 2026
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¿Puede una administración prohibirte comprar una segunda vivienda? Lo que dice la nueva ley europea
  • Las administraciones públicas no podrán prohibir automáticamente la compra de una segunda vivienda sin una ley nacional previa y la declaración formal de zona tensionada, según la propuesta de la Affordable Housing Act de la Comisión Europea.
  • La declaración de estrés habitacional requerirá demostrar que el precio medio de la vivienda equivale a un mínimo de 8 años de renta disponible per cápita y que el uso no habitual genera un impacto adverso acreditado durante al menos 3 años, conforme a los artículos 6 y 9 de la propuesta de norma europea.
  • Las restricciones que se apliquen deberán justificar la ausencia de alternativas menos severas, no tendrán carácter retroactivo y contarán con una duración inicial máxima de 5 años, según establecen los artículos 10 y 12 del texto europeo.

Una administración no podrá prohibir automáticamente comprar una segunda vivienda gracias a la nueva norma europea. La Affordable Housing Act, propuesta por la Comisión Europea el 9 de septiembre de 2026, establece las condiciones para restringir compras o usos no habituales cuando exista un problema acreditado de vivienda. Se trata todavía de una propuesta que debe negociarse y aprobarse por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE, un proceso que puede prolongarse meses o incluso años, por lo que ninguno de estos requisitos es exigible por el momento, aunque pueden anticipar lo que podría ocurrir en el futuro.

¿Podrá una administración prohibir comprar una segunda vivienda con la nueva norma europea?

No por el mero hecho de aprobarse la Affordable Housing Act. El reglamento abarca medidas que restrinjan la adquisición o utilización de viviendas que no se destinen a residencia principal, pero no concede nuevas competencias a las administraciones para prohibir esas compras, según la propuesta presentada por la Comisión Europea el 9 de septiembre de 2026.

El texto puede afectar a segundas residencias, viviendas de inversión y otros usos no principales. Sin embargo, la propia Comisión especifica que la norma europea no crea un nuevo derecho para restringir la propiedad: la administración deberá disponer primero de esa capacidad conforme a la legislación nacional.

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