Una marca icónica de Mar del Plata da el “manotazo” final tras 20 años en concurso

Después de más de dos décadas en concurso preventivo, Supermercados Toledo llegó a un punto de inflexión.

La cadena marplatense reconoció ante la Justicia que mantiene negociaciones con dos importantes supermercados para una eventual venta de toda la empresa o el alquiler de su fondo de comercio.

La admisión aparece en un escrito presentado para obtener autorización judicial para vender dos inmuebles y conseguir la liquidez que le permita seguir operando mientras intenta definir su futuro.

La búsqueda de un comprador no surge de manera aislada. Es la consecuencia de una crisis financiera que volvió a poner contra las cuerdas a una de las cadenas regionales más tradicionales del país.

Crisis sin precedentes

En la presentación judicial, la empresa reconoce que solo pudo pagar el 40% de los salarios correspondientes a julio, que las medidas de fuerza paralizaron durante cuatro días la actividad y que debe afrontar vencimientos de cheques por alrededor de $ 1300 millones por semana para sostener el giro comercial.

A esos problemas de caja se suma otro indicador que refleja el deterioro de su situación financiera. Según la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), Supermercados Toledo registra 373 cheques rechazados por un monto superior a los $ 3703 millones, mientras continúa acumulando atrasos en el pago de salarios.

Fue ese escenario el que la empresa expuso ante el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mar del Plata para justificar la necesidad de vender parte de su patrimonio.

En el escrito, sostiene que mantener la empresa en funcionamiento resulta indispensable para que prosperen las conversaciones iniciadas con “dos importantes cadenas de supermercados”, destinadas “eventualmente” a operaciones de mayor alcance, entre ellas “la posible venta de la totalidad de la empresa o el alquiler de su fondo de comercio”.

El expediente no identifica a las compañías ni brinda precisiones sobre el grado de avance de esas negociaciones.

Dos décadas de concurso

La historia judicial de Toledo comenzó en agosto de 2006. Ese año la empresa solicitó la apertura de su concurso preventivo, un proceso que continúa abierto casi veinte años después, ya en etapa de cumplimiento del acuerdo homologado. Esa situación implica que las operaciones relevantes sobre su patrimonio siguen requiriendo autorización judicial.

Con ese objetivo, la cadena pidió autorización para vender dos inmuebles sobre los que ya recibió ofertas concretas.

El primero corresponde al predio ubicado sobre Estrada 5537, por el que un interesado ofreció u$s 1,5 millones. El segundo está ubicado sobre avenida Libertad y recibió una propuesta por u$s 3,85 millones, aunque con una parte del pago diferida a 24 meses.

La empresa admite que ambos valores se ubican por debajo de las tasaciones, pero sostiene que se trata de las únicas ofertas firmes recibidas en el contexto actual y que la necesidad de liquidez obliga a avanzar con las operaciones.

Riesgo de parálisis

En la presentación, Toledo también advierte que una eventual paralización de la actividad pondría en riesgo no solo el funcionamiento cotidiano de la empresa sino también las negociaciones abiertas con potenciales interesados.

“La interrupción o paralización de la actividad no solamente comprometería seriamente tales negociaciones, sino que provocaría una sustancial pérdida de valor de la empresa y de sus activos”, argumentó. Además, remarcó que alrededor de 1500 puestos de trabajo dependen de la continuidad de la operación.

La jueza hizo lugar parcialmente al planteo. Autorizó la venta del inmueble de Estrada al considerar que la operación permitirá generar liquidez para afrontar compromisos urgentes y preservar la continuidad de la empresa.

En cambio, postergó la autorización para desprenderse del inmueble de avenida Libertad hasta que la concursada presente un flujo de fondos proyectado a seis meses, tal como había solicitado la sindicatura.

En su dictamen, la sindicatura coincidió en que la empresa atraviesa una situación económica crítica y consideró que autorizar la venta del inmueble de Estrada puede contribuir a evitar una paralización de la actividad mientras continúan las gestiones para una eventual venta de la compañía o el alquiler del fondo de comercio.

A criterio del órgano de control, sostener la empresa en marcha es la mejor forma de preservar el valor de la unidad económica y proteger las fuentes de trabajo.